La construcción de un sistema común de garantías, que permita alcanzar la armonización de las legislaciones penales, tanto sustantivas como procesales, de los Estados miembros de la UE, se ha desarrollado en las distintas fases del proceso de integración y en función de los distintos objetivos que la Unión se proponía. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ha atribuido a la UE la competencia para adoptar normas mínimas sobre los derechos de las personas en el proceso penal, ha determinado un importante paso adelante en este camino, impulsando la adopción de medidas que contribuirán a reforzar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en el espacio europeo.
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