El delito de tráfico de influencias se introduce por primera vez en el Código Penal de 1991. El propósito del legislador era preservar la objetividad e imparcialidad de la función pública. Por lo que se incardina en el Código Penal dentro de los delitos contra la Administración Pública. Tipificación que nace como respuesta a los escándalos de corrupción política que arreciaban en aquel momento de la vigente etapa democrática.
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