Estamos en un ciclo político y administrativo en el que el concepto «control» ha tomado fuerza. Aquellos operadores jurídicos llamados a desarrollar dicha labor deben reflexionar sobre su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Una responsabilidad que se manifiesta principalmente hacia el exterior, que podríamos denominar responsabilidad profesional activa y otra, que caracterizaríamos como el necesario mantenimiento integral del estatus funcionarial por parte de todos, especialmente Alcaldes, que permitan su ejercicio con objetividad y profesionalidad.
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