El artículo tiene como objetivo, analizar el proceso de descentralización de funciones y su vínculo con la implementación de los programas que orientan la política social en México. El punto de partida es que la descentralización en teoría, asigna mayores atribuciones a los gobiernos tanto estatales como municipales, sin embargo, las condiciones financieras, operativas, técnicas, humanas, e institucionales son adversas en estos niveles de gobierno para operar con criterios de eficiencia y eficacia, situación que se agrava cuando la ciudadanía participa poco o nada en el diseño, ejecución, la evaluación de programas o la gestión de recursos.
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