El mandato constitucional de utilización racional del suelo está conectado con el derecho a la vivienda. Tiene una implicación económica, orientada a evitar la especulación inmobiliaria, ya que el alza de los precios dificulta el acceso a la vivienda. Asimismo, tiene también una implicación ecológica, ya que la vivienda debe estar situada en un entorno adecuado. La Constitución española vincula la intervención pública sobre el régimen del suelo a la efectividad del derecho a la vivienda en el artículo 47, haciendo lícito regular y limitar las posibilidades de uso de la materia prima que es el suelo.
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