Ministerio público y el acceso a la justicia: el caso de la Provincia de Buenos Aires

• Gabriel Costantino ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina
• Localización: Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, ISSN-e 2014-3753, Nº. 9, 2015 (Ejemplar dedicado a: ¿Resocialización o incapacitación?), págs. 326-347
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Public Ministry and access to justice: the case of Province of Buenos Aires
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• Resumen
  • español

    Desde 1997 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha iniciado una serie de reformas para estructurar un sistema penal más eficaz y equitativo a la hora de perseguir los delitos y garantizar los derechos de los ciudadanos. Un punto importante de estas reformas es el nuevo rol del Ministerio Público y su articulación con las demás instituciones del Estado para promover dichas finalidades. Situado en este contexto, mi trabajo se propone analizar la reforma del sistema de persecución criminal de la provincia de Buenos Aires, deteniéndose en tres niveles de análisis: 1) el nuevo marco normativo del sistema de persecución penal; 2) las principales estrategias de persecución penal implementadas por los funcionarios del Ministerio Público; 3) las consecuencias de estas estrategias para el acceso a la justicia.

  • English

    Since 1997 the government of the Province of Buenos Aires has initiated reforms, similar to those occurred in other Latin American countries, to structure a more effective and fair criminal justice system when prosecuting crimes and ensure the rights of the citizens. A central issue for reformers was the new role of prosecutors and their articulation with other state institutions to promote these ends. Set in this context, this paper examines the reform of criminal prosecution of the province of Buenos Aires, working with three levels of analysis: 1) the new regulatory framework of the criminal prosecution; 2) the main prosecution strategies implemented by the Public Ministry officials; 3) the consequences of these strategies for access to justice.