Subraya el Tribunal Supremo la consideración de la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias como de un auténtico derecho del contribuyente, cuya denegación por la Administración se configura como un acto reglado, no discrecional, en el que hay que evaluar la iliquidez y motivar la resolución, sin que sea suficiente con apuntar a la situación concursal del deudor, máxime cuando el concurso es voluntario y se han alcanzado acuerdos prácticamente con todo el conjunto de los acreedores.
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