El supuesto gira, en primer lugar, sobre diversas cuestiones jurídicas que se plantean en un contrato administrativo celebrado por un organismo autónomo consistente en que, para aumentar la disponibilidad de agua de un pozo, se precisa llevar a cabo una obra. Se plantean cuestiones tales como la naturaleza del contrato, la legalidad de división de su objeto en dos lotes, la publicidad requerida, el procedimiento de adjudicación, la competencia del órgano y la necesidad o no de prestar garantía definitiva en el mismo. A continuación, en un procedimiento puesto en marcha para la adjudicación de viviendas de protección pública, se formulan cuestiones respecto a la finalización del plazo para presentar las solicitudes, la presentación de las mismas, la producción del silencio administrativo en el mismo, la sustitución del órgano competente para resolver al caer enfermo o la posible revisión de oficio de una adjudicación, entre otros. Finalmente, en un procedimiento sancionador por destinar la cantidad entregada en un procedimiento de subvención a otros fines, se traen a colación cuestiones tales como la posible caducidad del procedimiento, el ajuste a derecho de una delegación de firma en la resolución sancionadora, el recurso procedente contra la sanción o la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del mismo.
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