La insistencia sobre la necesidad de la ética judicial se origina, desde la Cumbre Judicial Iberoamericana, su Secretaría Permanente depositada en España, convocó a las naciones iberoamericanas a participar en reuniones para fortalecer y mejorar el funcionamiento de los órganos impartidores de justicia. En año 2001 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España se realiza una nueva Cumbre emitiéndose el Estatuto del Juez Iberoamericano que busca evitar caer en situaciones contrarias a su independencia e imparcialidad. En 2004, en la Cumbre de República de Honduras y en la de El Salvador se toma la importante decisión de elaborar un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial a fin de que la naciones que no cuenten con su propio código puedan tener a éste como punto de referencia. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial se aprobó en Santo Domingo, República Dominicana en el año de 2006, para ese momento México tuvo la satisfacción de contar con su propio Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y de muchos códigos de ética de diferentes tribunales superiores de justicia, y de tribunales administrativos.
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