La asunción de un modelo prohibicionista suave respecto de la prostitución en España se produjo en la primera década del S. XXI mediante la aprobación de las denominadas ordenanzas cívicas municipales. La mayor parte de éstas sancionaban el ofrecimiento de servicios sexuales en la calle, imponiendo multas a las trabajadoras sexuales. La aplicación de tales normas ha tenido un efecto fundamentalmente represor de las trabajadoras sexuales, con el consiguiente incremento del control policial. Más recientemente, la resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 adopta un modelo abolicionista de influencia sueca, que sanciona al cliente, pero no a la trabajadora sexual. Esa orientación parecen seguir las más recientes modificaciones de algunas ordenanzas municipales, y también la LO 4/2015 de seguridad ciudadana. Sin embargo, un análisis un poco más detenido del contenido de esta norma estatal evidencia que la asunción del abolicionismo en España puede ser solo aparente.
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