El Tribunal Constitucional concluye que puede aplicarse una sanción tributaria prevista sólo para empresarios, a quien, no siendo empresario, simula tal condición, admitiendo que el incumplimiento de las obligaciones de facturación afecta no sólo a quien realiza efectivamente una transacción económica, sino también a quien, no realizando actividad económica alguna y no siendo empresario, factura simulando la realización de transacciones inexistentes. El problema afecta de lleno al principio de legalidad penal y sancionadora (art.25 .1 CE ) y deja sin aplicar, injustificadamente, el tipo penal previsto en el art. 390, apartados 1) y 2) del Código Penal (falsedad en documento mercantil ) optando por la subsunción en el art. 201.1), 3) y 5) de la LGT.
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