El Tribunal Constitucional aborda una vez más la extensión de los principios y garantías procedimentales del ámbito penal al Derecho administrativo sancionador. Pero probablemente por primera vez otorga el amparo a una persona jurídica que había sido sancionada vulnerándose no sólo el derecho fundamental a la inviolabilidad de su domicilio, sino en claro desconocimiento del derecho a no colaborar en la propia incriminación.
The Constitutional Court tackles once again the reach of procedural guarantees and principles ranging from the penal scope to the sanctioning administrative law. However, and likely for the first time, it provides protection for the legal person sanctioned, violating not only the fundamental right of the inviolability of his/her domicile but also the obvious ignorance of the right to not to collaborate with the incrimination itself
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