En el contexto de la integración entre Estados, la apertura que hacen sus ordenamientos jurídicos, en cuanto “atribución-cesión de competencias” en favor de uno nuevo, de carácter supranacional, se configura un sistema normativo propio e independiente de aquel, cuya coexistencia con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros sugiere que los tribunales constitucionales nacionales asuman el rol de garante de esa relación a través de un posible control constitucional del Derecho comunitario desde los “nuevos paradigmas que esbozan cada vez con mayor claridad la posibilidad material de una Constitución” o desde las propias Constituciones de los Estados miembros
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