El Consejo Europeo (CE) ha culminado su primer quinquenio como institución europea como un ejecutivo dominante y blindado por el ordenamiento jurídico europeo frente al control democrático del Parlamento Europeo (PE). Se introduce así una grieta en la legitimidad sistémica de la Unión Europea que se agrava aún más con la crisis económica. No obstante, mecanismos informales presentes en el ordenamiento jurídico europeo posibilitarían una rendición de cuentas satisfactoria por el CE ante el PE, si éste articulara una estrategia eficaz de fiscalización. El análisis empírico de las relaciones interinstitucionales en el periodo 2009 - 2014 demuestra las insuficiencias estructurales en el PE para llevar a cabo esta función.
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