De tres meses de arresto a ciento veinte delitos de robo; de un mes de cárcel al suicidio tras el boicot general a la salida; de 18 pesetas a tres años de cárcel... Son casos. Y detrás de ellos un problema: la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social, a falta de los establecimientos y el personal especializado que la ley pide.
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