El hecho de que en la mayoría de los países desarrollados el sector público gestione gran cantidad de recursos detraídos coactivamente a los ciudadanos reclama cada vez más una utilización, transparente, eficiente y eficaz de los recursos. En este contexto las instituciones de control juegan un papel fundamental para satisfacer las crecientes demandas sociales en cuanto a la buena gestión de los recursos. La multiplicación de órganos de control como consecuencia de los procesos tanto de integración como de descentralización, como en el caso de España, que a su vez utilizan recursos públicos que también deben ser gestionados eficazmente, ha generado una creciente preocupación por tratar de evitar duplicidades innecesarias en la fiscalización. En el caso de España, el control externo de la actividad económica financiera de las comunidades autónomas lo realiza el Estado a través del Tribunal de Cuentas junto con los OCEX en las CCAA en las que se hayan creado, de manera que se produce una superposición en la tarea fiscalizadora, lo que ha ocasionado relaciones de conflicto entre ambas instituciones. Así pues en este contexto analizaremos cual debe ser la relación entre el TCu y los OCEX.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados