Este trabajo se centra en dos aspectos fundamentales: de un lado, analiza la naturaleza jurídica de la transparencia, considerándola un concepto jurídico indeterminado (con las consecuencias de revisión jurisdiccional que comporta tal calificación); de otro, se encarga de abordar su nueva regulación legal, contenida mayormente en los títulos I y III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señalando algunos aspectos notorios y/o que pueden llegar a dificultar su efectiva aplicación, antes de que se produzca la entrada en vigor de los referidos títulos en diciembre de 2014 (pese a que las comunidades autónomas y las entidades locales disponen hasta diciembre de 2015 para adaptarse a las previsiones contenidas en la norma).
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