El Código Penal de la democracia, de 1995, fue promovido por un Gobierno socialista con amplio consenso tanto político como académico. Este texto tuvo una primera reforma en 2003, durante el Gobierno de Aznar, que lo transformó ampliamente sin consenso ninguno. Durante el Gobierno de Zapatero se volvió a reformar para endurecer los delitos de terrorismo y contra la libertad sexual. En la actualidad hay una reforma en marcha promovida en solitario por el Gobierno del PP que abunda como la de 2003, en una política criminal de signo preconstitucional y muy retrógrada, que aumenta la respuesta carcelaria frente a otras medidas alternativas a la prisión.
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