Si bien los Derechos Fundamentales de la Constitución Española recogen la integración de los inválidos en la vida cotidiana de la sociedad, no siempre se les ofrecen instrumentos necesarios para que este propósito sea una realidad. Analizamos como ejemplo nuestras Universidades, que adolecen de falta de servicios a profesores y a alumnos discapacitados; y no sólo hay que pensar en barreras arquitectónicas como dificultad escasamente subsanada, sino también en personal de apoyo insuficiente, a lo que cabe añadir discriminación explícita en los estatutos de algunos de estos organismos hacia este sector de personas muy capaces aunque no tengan la potencialidad física de la mayoría.
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