La Ley 2/2015, de desindexación de la economía española tiene una especial incidencia en los contratos sometidos al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pues no se limita a prohibir que la revisión de los valores monetarios se lleve a cabo en función de índices de precios, sino que lleva a cabo una modificación sustancial del propio sistema de revisión de los precios de los contratos hasta ahora aplicable.
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