En un mundo como el actual, muy influido por los progresos tecnológicos y científicos, el futuro estará en manos de aquellos países que tengan estrategias claras a medio y largo plazo en la aplicación de una política científica y en la gestión de sus recursos científicos y tecnológicos. Consciente de esta realidad, España, en su Constitución de 1978, especifica que "los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científico-técnica en beneficio del interés general", encomendado al Estado "el fomento y coordinación general de la misma".
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