La prueba en los procesos civiles relativos a la reparación de los daños y perjuicios por infracción de la normativa de Defensa de la Competencia: A propósito de la propuesta de Directiva del 11 de junio de 2013

• Autores: María Victoria Torre Sustaeta
• Localización: Revista de derecho de la competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 15, 2014, págs. 131-146
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Este estudio gira en torno a la posibilidad de instaurar unas condiciones procesales comunes y uniformes en la Unión Europea, con el objeto de solucionar los obstáculos jurídicos que surgen en los diferentes sistemas procesales de los Estados miembros a la hora de ejercitar acciones de daños y perjuicios por infracción de las normas de Defensa de la Competencia. La aplicación del Derecho de la Competencia ha sido, desde sus inicios, de naturaleza pública, en tanto en cuanto se ha tratado de una cuestión delegada en órganos de naturaleza administrativa y son las Autoridades Nacionales de la Competencia las que especialmente se han encargado de velar por el cumplimiento y la garantía de las normas que configuran el Derecho de la Competencia. En la actualidad, los recientes informes y estudios de la Comisión europea parecen dirigidos al desarrollo e implantación del «private enforcement» como un mecanismo complementario de tutela, a instancia del particular y que se delegará en los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro. En principio, tiene por objeto la salvaguardia de las normas contempladas en los artículos 101 y 102 del TFUE a través del ejercicio de pretensiones declarativas de la nulidad de los actos contrarios a las reglas de defensa de la Competencia y/o la correlativa condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Ahora bien, es realmente el «private enforcement» un mecanismo eficaz y viable para tutelar los intereses de los particulares? El último instrumento habilitado para reforzar la aplicación judicial del Derecho de la Competencia es la Propuesta de Directiva en materia de reclamaciones de daños y perjuicios por infracción del Derecho de la Competencia publicado el 11 de junio de 2013 además de las enmiendas del Parlamento Europeo presentadas el 17 de Abril de 2014-. Teniendo en cuenta dicha propuesta, el estudio que aquí se presenta se centrará en las condiciones procesales para ejercitar las acciones de reclamación de daños y perjuicios, especialmente, las relativas a la carga de la prueba y el acceso o la exhibición de documentos relevantes.

  • English

    The main idea behind this study is achieving a European procedural system or common frame in the EU, removing practical obstacles to compensation for all victims of infringements of EU antitrust law. As far as we know, Competition law is one of the most important issues of the European Union policies. Until very recent public enforcement was predominating in this topic, that is, enforcement was undertaken by the European Commission and by specially entrusted authorities of the Member States: the National Competition Authorities. Nowadays, the Commission´s policies are focused in the development and improvement of the private enforcement of the European competition law. But, what private enforcement of the competition law means? That is, briefly, the judicial application of the antitrust rules (101 and 102 articles of the TFUE) by the national courts of each European member state. Normally, through damages actions by the victims of the infringement of Competition law. But, is it really an efficient system in the European Union? The last legal instrument to improve the private enforcement of the European Competition law is the proposal for a Directive on Antitrust Damages Actions adopted on 11 June 2013 in addition of the amendments by the European Parliament on 17 April 2014. Considering this proposal, our study will be focused on the procedural rules of damages actions, specifically, the burden of proof and the access to evidence.