El modelo constitucional de protección a la familia y a la infancia: el principio de mínima intervención en los asuntos familiares en el sistema normativo español (artículo 39 CE)

• Autores: Isaac Ravetllat Ballesté
• Localización: La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, ISSN-e 2341-0566, Nº. 5, 2015 (Ejemplar dedicado a: Autonomía de la voluntad y Derecho de familia), págs. 3-13
• Idioma: español
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• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen
  • español

    El presente artículo pretende exponer el modelo constitucional de protección a la familia y a la infancia consagrado en el artículo 39 de la Constitución española y analizar algunas consecuencias que se derivan de ese sistema a la luz de la influencia del derecho en las relaciones de poder generadas dentro del contexto familiar. Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico encomienda de manera preferente a los progenitores la obligación de prestar, en el seno de la familia, determinadas funciones encaminadas a dar efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores de edad; no es menos cierto que la separación entre lo público y lo privado cada vez se encuentra más difuminada y las responsabilidades deben ser compartidas entre la familia y los poderes públicos. Efectivamente, esa tensión permanente que viven lo privado y lo público debe traducirse en una clara delimitación de su ámbito de afectación, evitando así, en la medida de lo posible, una excesiva intromisión del Estado en los espacios vivenciales propios de las familias.

  • English

    This paper is intended to expose the constitutional model of protection of the family and children enshrined in Section 39 of the Spanish Constitution and, therefore, to analyse some consequences resulting from such a system in the light of the influence of law in the relations of power that are generated within the family context. While it is true that our legal system entrusts preferentially to the parents the obligation to provide, within the family, certain functions designed to give effect to the fundamental rights of the minors; it is not less true that the separation between the public and private sectors is increasingly blurred and the responsibilities should be shared between the family and the public authorities. Indeed, this permanent tension between the private and the public should be translated into a clear delineation of its scope of impact, avoiding, to the possible extent, an excessive intrusion of the State in the own experiential environments of the families.