La guarda y vigilancia de los montes quedó recogida en la legislación plenomedieval castellana de forma simultánea a la conquista cristiana de las villas y ciudades, plasmadas en privilegiados fueros que recogían una situación fiscal y social ventajosa para sus pobladores. El control de los pastos para las cabañas ganaderas o la explotación forestal de los recursos naturales de los entornos serranos fueron alguno de los procesos que generaron conflictos jurisdiccionales y económicos, en especial a partir del siglo XIII, una vez consolidada y alejada la frontera frente a los musulmanes. Los concejos castellanos encomendaron esta tarea a determinados caballeros –pero no procedentes del grupo social nobiliario– que eran nombrados anualmente.
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