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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español

  • Autores: José Luis de la Cuesta Arzamendi
  • Localización: Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 5, 2013, págs. 9-33
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      : La exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, introducida en España por la reforma operada en 2010, suscita no pocas cuestiones controvertidas cuyo esclarecimiento resulta esencial. Basada en los delitos cometidos por administradores, representantes y hasta empleados de las entidades con personalidad jurídica, a partir del estricto tenor literal interpretado aisladamente, hay quien sostiene que el modelo seguido es un sistema indirecto de atribución, en suma, de heterorresponsabilidad. Sin embargo, desde el prisma constitucional y de los principios penales fundamentales, no hay duda de que toda responsabilidad penal debe erigirse sobre un hecho injusto (y culpable) propio, por lo que los esfuerzos doctrinales dirigidos a la búsqueda de una adecuada fundamentación en esta línea se encuentran plenamente justificados. Por su parte, no dejan de ser muy cuestionables el numerus clausus adoptado y, muy en particular, la selección de las figuras delictivas abiertas a la generación de este tipo de responsabilidad, así como la restricción de las entidades susceptibles de ser declaradas penalmente responsables. Las críticas se extienden también a los defectos e insuficiencias del sistema de penas y las reglas de aplicación. La decisión político criminal supone en todo caso la plena incorporación del Derecho español al ya importante grupo de Estados europeos que asumen la necesidad del instrumento penal para hacer frente a la criminalidad de empresa, para la que los mecanismos sancionadores de carácter administrativo hace tiempo que demostraron su insuficiencia desde múltiples puntos de vista.

    • English

      The requirement for criminal liability to legal persons, which was finally introduced in Spain in the reform implemented in 2010, raises more than a few controversial issues that should be explained. Based on the crimes carried out by administrators, representatives, and even employees of entities with legal personality, from the separately understood literal wording, some claim that the adopted model is an indirect or attribution system, in sum, a system of hetero-responsibility. However, from the viewpoint of the Constitution and the basic criminal fundamentals, there is no doubt that any criminal responsibility must rest on a deed that is unfair (and guilty)proper, so doctrinal efforts aimed at finding a suitable foundation in this line are fully justified. On their part, the numerus clausus adopted and, most notably, the selection of the criminal types open to the generation of this kind of responsibility do not cease to be very questionable as well as the restriction of the entities which can be held criminally liable. The remarks also criticize the shortcomings and inadequacies of the system of penalties and enforcement rules. Anyhow, the criminal political decision involves full incorporation of Spanish criminal law in the already large group of European states that acknowledge the need for a crime instrument to address corporate crime, for which administrative sanction mechanisms have long proven their inefficiency from multiple standpoints.


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