Los magistrados públicos tenían la consideración de personas sagradas para el Derecho y la doctrina de Castilla, lo que obligaba a los súbditos a mostrar un especial respeto hacia ellos, sobre todo porque se les consideraba parte del propio monarca. Así, uno de los delitos más graves que se podía perpetrar contra la administración de justicia era la resistencia que se hiciese a sus ministros, ya que, justo después del soberano, los magistrados se configuraban como los mayores acreedores a la obediencia y veneración. Era tal su importancia que individuos que gozaban de fuero propio, como los familiares de la Inquisición, los estudiantes de ciertas Universidades o los militares, lo perdían cuando eran acusados de cometerlo, quedando sujetos a la jurisdicción ordinaria, con la amenaza de ser castigados con las máximas penas tanto corporales como patrimoniales.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados