La "Ley de transparencia. Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno", y la responsabilidad en la acción pública

• Autores: Pedro Ramón Gómez de la Serna
• Localización: Participación educativa, ISSN-e 1886-5097, Vol. 2, Nº. 3, 2013 (Ejemplar dedicado a: Transparencia y mejora de la educación), págs. 35-44
• Idioma: español
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• Resumen

  • No existe poder legítimamente desarrollado sin transparencia, porque mediante ella los ciudadanos conocen lo que los poderes públicos hacen con su representación. Además, articulando la articulación la transparencia, el Estado tiene un instrumento para controlar eficazmente que sus órganos actúen conforme a la ley y al código ético, y para dar una respuesta jurídica y política si no lo hicieran. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno articula, por primera vez en España, el desarrollo del principio de transparencia. Las previsiones de la Ley afectan a todas las administraciones públicas, y también a la Casa Real, al Banco de España y a las entidades públicas o privadas financiadas significativamente con fondos públicos; incluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Se establece que la información pública debe estar disponible libre y gratuitamente en todos los formatos o soportes posibles. El solicitante de información no está obligado a justificar el motivo de su solicitud, y se le debe facilitar la información solicitada en plazos muy perentorios. Además, este derecho de acceso tiene unos límites mínimos. Los cargos públicos deben informar sobre ¿las funciones que desarrollan, sobre la "información de relevancia jurídica" que gestionan y producen, y sobre los datos económicos, presupuestarios y estadísticos con que cuentan. Las prescripciones de Buen Gobierno exigen de los cargos públicos que actúen con eficacia, economía, eficiencia, calidad, diligencia, atención al interés general, imparcialidad, trato esmerado sin discriminaciones, y responsabilidad inexcusable, y también que lo hagan con respeto a la normativa, con reserva respecto a informaciones conocidos por su cargo, y obligándose a poner en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial actuaciones irregulares que conozcan. La Ley establece minuciosamente la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico para todo el que incumpla las obligaciones indicadas en su texto