La Comisión Europea se ha puesto en contacto a primeros de octubre de 2014 con el Gobierno español porque está investigado el diseño del impuesto autonómico que grava a las grandes superficies, ya que podría ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea. De confirmarse, las CC AA que lo aplican deberán cambiar su diseño recaudatorio.
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