La cuestión de calificación de invalidez atañe principalmente a quienes seencuentran en la necesidad de ser calificados con el objeto de obtener unaprestación económica, como las reguladas por la ley general de seguridadsocial; considerándose a las Juntas de Calificación como particulares quecumplen una función pública administrativa y conformadas en un órganode creación legal vinculado a la seguridad social integral. En este artículose analiza la aplicación de un debido proceso en el trámite de calificación deinvalidez, propio de la salud ocupacional, desde la perspectiva del derechopúblico del Estado. Para ello hemos tenido en cuenta, a partir de una revisiónlegislativa y jurisprudencial, aspectos pilares del derecho público, como losprincipios de legalidad y responsabilidad.
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