El tratamiento procesal del menor como víctima del delito debe mejorarse en nuestra legislación para evitar la victimización secundaria y dotar de mayor fiabilidad a la prueba obtenida por las declaraciones de los menores. Las reformas legislativas emprendidas con el Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima suponen un avance en este aspecto. Pero debería generalizarse la recepción de declaraciones a menores víctimas durante la instrucción como prueba preconstituida, facilitando a los órganos judiciales instalaciones adecuadas.
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