Conforme va aplicándose el nuevo régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal en el ámbito de la función pública, regulado en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, van surgiendo problemas a los que, en la práctica, debe darse respuesta. En función de la que se ofrezca, los empleados públicos pueden salir beneficiados o perjudicados y la aplicación del nuevo régimen económico ir bastante más allá de lo inicialmente pretendido.
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