La nueva Directiva europea de contratación pública (2014), a diferencia de la actual legislación española, establece un importante incentivo para que las empresas que contraten con el Estado adopten programas de cumplimiento (Compliance Programs) penales y colaboren con la Administración de Justicia. A la vista de esta tendencia, no parece descartable �incluso resulta deseable � que se establezca la adopción de dichos programas como exigencia para las empresas que quieran contratar en el sector público.
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