En las recientes reformas que ha sufrido la Ley Concursal (RDL 4/ 2014, de 5 de septiembre y la Ley 17/2014, de 20 de septiembre) no se ha abordado un tratamiento adecuado y eficaz de la insolvencia de la persona física a pesar de haberse demandado a nivel internacional desde diversas instituciones. Se analizan en este trabajo las deficiencias de la regulación actual, las causas de la reticencia del legislador, y las consecuencias que tal decisión comporta en el ámbito económico.
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