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Hacia un modelo de transporte mediante gestión compartida en comunidades autónomas con pequeña población: el caso de las políticas ferroviarias

  • Autores: Ángel Ibeas Portilla, José María Díaz Pérez de la Lastra, José Luis Moura Berodia
  • Localización: El futuro de los espacios rurales / Soledad Nogués Linares (ed. lit.), 2004, ISBN 84-8102-381-7, págs. 193-202
  • Idioma: varios idiomas
  • Títulos paralelos:
    • Towards a shared management transport model in autonomus communities with low population: the case of rail policies
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Las políticas de desarrollo europeo están claramente definidas hacia un espacio supranacional de unidad socio-económica, monetaria y política dentro de un marco liberalizador evidente en el cual la competitividad es un hecho constatable, producto de unos objetivos básicos propios de un mercado "hacia la demanda", hacia la "integración en redes comerciales amplias" y dentro de un contexto de sociedad post-industrial que nos ha tocado vivir.

      Consciente de esta problemática y con el objetivo de adaptación a las nuevas condiciones del mercado, se promulga la Directiva comunitaria 91/440 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios y Reglamento 1893/91 de la Unión Europea, sobre las obligaciones inherentes a la noción de servicio público a la vez que establecen el nuevo marco en el que se desarrollará el transporte ferroviario en el mercado interior. Ambas normas son vinculantes para los estados miembros, por lo que se están adaptando las políticas nacionales a éstas. Por otro lado la tendencia "hacia la Europa de las regiones" es ya una realidad y será un hecho evidente con el devenir del siglo XXI.

      La autogestión total o parcial de las comunidades autónomas o departamentos, dentro de un marco solidario, es un camino al que nos veremos abocados inevitablemente y que tendrá como consecuencia un mayor acercamiento de la gestión a los ciudadanos y en definitiva, una mejor atención a sus necesidades.

      Las empresas públicas estatales, y en particular los ferrocarriles, no pueden ser ajenas a este hecho. Las empresas ferroviarias, de acuerdo a la normativa europea, intentan disminuir sus déficits, ajustando sus costes y optimizando sus recursos poniendo en cuestión en muchas ocasiones el propio servicio público que han de prestar. Los altos costes que experimentan y la baja demanda inicial de viajes en las comunidades autónomas con poca población, dan lugar a situaciones en las que tal servicio se ve deteriorado por la falta de inversiones necesarias en infraestructuras, servicios y material móvil.

      En este artículo se aporta un modelo: se trata de un modelo descriptivo de co-gestión compartida entre las empresas ferroviarias y los propios gobiernos regionales.


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