España se declara como un Estado Social y Democrático de Derecho en el primer artículo de su Constitución, poniendo así en evidencia su carácter social-democrático. Tras haber adherido a la Carta Social Europea de 1961 en 1980 y a los protocolos de 1988 y 1991, España ha dejado de ratificar el Protocolo de 1995, sobre la reforma del sistema de control y, sobre todo, la Carta Revisada de 1996. Este trabajo procura analizar algunos de los aspectos que han contribuido a determinar este proceso de involución de la internacionalización social de España.
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