Los ajustes neoliberales introducidos en la legislación bolivana han facilitado la apropiación de los recursos hidrocarburíferos por parte de las transnacionales petroleras. Estas compañías invaden territorios indígenas y áreas protegidas. En su accionar generan graves conflictos ambientales con las comunidades locales. La costrucción de los gasoductos Bolivia-Brasil, Cuiabá y Gasyrg así como la oposición de la población a exportar gas a Estados Unidos nos reflejan cómo la población se organiza para resistir al expolio de las compañías petroleras. Las movilizaciones populares de “La Guerra del gas”, en octubre 2003 no han terminado, porque el gas sigue en manos extranjeras.
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