Resumen de Análisis jurídico del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas
- English
The legal recognition of ordinary, but differentiated responsibilities as a general principle of International Environment Law results of the application of the principle of sovereign equality which rules the international relations. Therequirements of environmental protection, mainly defended by developed countries, due to necessities of developing countries, find their balance through the legal recognition of the distinct contribution of States regarding the world environmental degradation, specially, the one from developed countries due to the pressure that their own societies exert on the environment world wide, as well as the technologies and existing financial resources. The different level of economical and technological development among States and their different environment responsibility ask for a different legal way to determine their respective obligations regarding the environmental protection to reach sustainable development. Consequently, developed countries not only have greater responsibility on environmental degradation, but also greater legal responsibility to protect the environment when compared to developing countries since their contribution on environmental degradation has preventedthe less privileged countries to reach their desired development. The principle of ordinary, but differentiated responsibilities has contributed to reach the social, economical and environmental justice through the solidarity and cooperation among countries to preserve, protect and reestablish the health and integrity of the Earth ecosystem and also to compensate the disadvantageous situation of developing countries caused by the pressure of developedcountries on environment.
- português
El reconocimiento jurídico del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas como principio general del Derecho internacional del medio ambiente resulta de la aplicación del principio de igualdad soberana que rige en las relaciones internacionales entre los Estados. Las exigencias de protección del medio ambiente, defendidas principalmente por los países desarrollados, frente a las necesidades de los países en vías de desarrollo encuentran su equilibrio mediante el reconocimiento jurídico de la distinta contribución de los Estados a la degradación del medio ambiente mundial, especialmente la de los Estados desarrollados por las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. El diferente nivel de desarrollo económico y tecnológico de los Estados y su diferente responsabilidad ambiental exige un trato jurídico diverso para determinar las respectivas obligaciones de protección ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Consecuentemente, los Estados desarrollados no sólo tienen una mayor responsabilidad en la degradación ambiental y una mayor responsabilidad jurídica para proteger el medio ambiente en relación con los países en vías de desarrollo, sino que la mayor contribución a la degradación ambiental ha impedido a su vez que los Estados menos favorecidos alcancen el nivel de desarrollo deseado. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas contribuye a alcanzar la justicia social, económica y ambiental mediante la solidaridad y la cooperación entre los Estados para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra y para compensar la situación desventajosa de los países en desarrollo provocada por la presión ejercida por los Estados desarrollados sobre el medio ambiente.
