El artículo propone una lectura de las respuestas penales proyectadas por ese mismo �legislador ejecutivo� que gobierna el Estado español en nombre de un régimen de acumulación improductiva y administración ampliada de daño social �noción que, junto a la de criminalidad estatal-corporativa, salta hoy irremediablemente al primer plano del análisis. La soberanía se actualiza en nombre de una razón de mercado tecnocrática y en falsa forma de prevención ampliada, a costa de la más liviana noción de constitucionalidad. El reflejo institucional de esa imposición autoritaria que castiga expulsando se plasma en una dramática incompatibilidad entre palabras y cosas, significantes y significados, principios y proyectos� entre dichos y hechos, en definitiva. Una vez la retórica demoliberal es vaciada completamente de sentido, la crisis inducida y sus �ajustes estructurales� desnudan al régimen �otra cuestión es que consigan debilitarlo. Gobernar es operar desde el estado a golpe de crimen y según las exigencias del mercado; mantener el orden público es �pacificar� las consecuencias sociales de una expulsión masiva que nos obliga a revisar el papel del hiperencarcelamiento como centro de las dinámicas punitivas en el fin de ciclo capitalista. Un bando neoliberal ha acabado redefiniendo el vínculo entre deuda y castigo. El abandono gubernamental del derecho �con él, la deportación física y jurídica de la llamada �ciudadanía�- se acompaña de una excepcionalidad antijurídica obsesionada por la �tranquilidad ciudadana� pero poco compatible con la �paz social�. En su acepción menos sutil, la cuestión del poder regresa para desbaratar las ataduras disciplinarias del fascismo postmoderno. De ahí que la madre de todos los problemas políticos vuelva a plasmarse hoy en la tensión Pueblo y población.
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