Mediante la Ley 9/2013, de 4 de julio, se lleva a cabo lo que aparenta ser una notable modificación de la normativa de ordenación de los transportes terrestres. La reforma pretende la actualización y flexibilización del sistema que regula el sector de los transportes terrestres y en ella se incluye una profunda revisión del régimen regulador de las cooperativas dedicadas a la prestación de servicios de transporte y/o actividades auxiliares y complementarias del mismo. Las normas que de forma expresa daban un tratamiento diferenciado y particular a las cooperativas de transporte de mercancías por carretera desaparecen en su mayoría. Sin embargo, las implicaciones que se derivan afectan a las diferentes clases de cooperativas en grados distintos. La reforma simplifica en cierta medida el marco regulador de este tipo de sociedad de transporte, al tiempo que hace surgir nuevas cuestiones.
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