Desde el año 2007, las entidades de servicios de inversión están obligadas a realizar determinadas pruebas de conveniencia e idoneidad de los productos que ofrecen a sus clientes debido a la transposición de la Directiva MIFID por la Ley 47/2007. Este trabajo analiza algunas cuestiones relacionadas con la realización, efecto y consecuencia de estas pruebas a la vista de la jurisprudencia recaída hasta el momento
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