La crisis económica que continúa azotando a parte de la Unión Europea ha elevado considerablemente las tasas de pobreza de algunos de sus países miembros desde el año 2008, poniendo en riesgo la realización del derecho a una alimentación adecuada. Desde el punto de vista jurídico, se han analizado los mecanismos utilizados por el Estado español, uno de los más afectados, para proteger y garantizar este derecho. Con este objetivo, y tras definir el contenido del derecho humano a la alimentación y examinar su reconocimiento en el ámbito internacional, se ha revisado en primer lugar la adhesión de este país a los tratados que protegen directa e indirectamente este derecho, En segundo lugar, se analizado la protección del derecho a la alimentación en el ordenamiento jurídico, examinando, por un lado, el reconocimiento del mismo en el texto constitucional y, por otro, en el resto de la legislación interna española.
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