Este artículo se propone analizar las consecuencias de la nueva regulación del Sistema Nacional de Salud, que impide el acceso de las personas sin autorización de residencia en España a la mayoría de prestaciones sanitarias, en un ámbito en el que la atención sanitaria es especialmente relevante, el de la violencía de género. Así, se estudiará el impacto que la medida puede tener en las posibles víctimas, cuando éstas son extranjeras y se encuentran en una situación administrativa irregular. El reconocimiento del derecho a la salud y a la atención sanitaria de carácter público tiene una máxima importancia para que el personal sanitario pueda detectar posibles casos de maltrato, así como para que las personas afectadas sean capaces de acreditar la situación de violencia ante los tribunales.
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