Cuando hablamos de menores vulnerables y consumo de drogas, e introducimos ambos factores dentro del sistema educativo encontramos una serie de difi cultades para su tratamiento. El primero de ellos es la escasa capacitación de los profesionales de la educación para abordar este tema. Tampoco podemos olvidar que la propia estructuración del sistema plantea difi cultades. La metodología empleada, el tipo de agrupamientos, el número de menores por aula� son elementos que no facilitan esta intervención. Esto no signifi ca que no haya una preocupación por el tema, aunque se vea como un problema �externo� al propio sistema. Las medidas de prevención, especialmente en los institutos, se basan en la aplicación de actividades y campañas ligadas a la acción tutorial. Pero el problema del consumo de drogas requiere un tratamiento más continuado y transversal que complemente esas actuaciones preventivas. La pregunta es ¿quién debe hacerlo?, ¿debe ser responsabilidad del propio sistema educativo? Asimismo, debemos plantearnos que necesitamos una coordinación entre servicios y profesionales, para de este modo darle un sentido más global a nuestras intervenciones y a la lucha contra este problema. Sólo de los esfuerzos conjuntos podremos obtener resultados satisfactorios.
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