Las empresas eléctricas deberán devolver a los consumidores la diferencia entre el precio promedio de mercado durante el primer trimestre de 2014 y el pagado a cuenta durante ese mismo período, lo que es un indicio claro de la mala regulación del sector eléctrico español. Las subastas de contratos de electricidad para el suministro de último recurso fueron un instrumento mercantil inadecuado para fijar los precios de la electricidad para los pequeños consumidores, que han estado pagando alrededor de un 15% de sobrecoste sin justificación alguna. Es asimismo inadecuado que estas subastas sean la referencia de los precios negociados en el mercado liberalizado de contratos bilaterales.
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