Un estudio sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal: un nuevo proceso penal

• Autores: Julio Leal Medina
• Localización: Docta Ignorancia Digital: Revista de pensamiento y análisis, ISSN-e 1989-9416, Nº. 4, 2013, págs. 5-43
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • A study on the law of criminal prosecution's draft: A new criminal procedure
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• Resumen
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    La maquinaria legislativa se ha puesto en marcha. Ha llegado el momento de poner fin a la Ley de 1882, que ha dominado la escena del proceso penal en nuestro país durante más de un siglo. El gobierno pretende enviar al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Nuevo Proceso Penal, donde cabe destacar que la dirección de la investigación criminal se concede por entero al Ministerio fiscal, en detrimento del Juez de instrucción que deja de acordar las diligencias preparatorias del Juicio oral. El control judicial de la investigación queda reservado al Juez de Garantías, y la apertura del Juicio en manos de un órgano imparcial como es el Juez de la Audiencia Preliminar. Además, se concretan los derechos de las víctimas en el proceso, y se protege la función del derecho de defensa, con el fin de equilibrar a las partes en el procedimiento. En definitiva, un nuevo marco legal que resalte la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado. Una puesta en escena más de acorde con los principios constitucionales y con el sentir de la realidad social española del siglo XXI.

  • English

    The legislative machinery has been launched. The time has come to end the 1882 Act, which has dominated, for over a century, the criminal process' scene in our country. The government intends to submit to the Spanish Cabinet a New Criminal Procedure's Draft, which stresses that the management of the criminal investigation is given entirely to the public prosecutor, to the detriment of the examining magistrate which stops granting the preparatory proceedings to the oral Judgment. The judicial investigation is reserved to the magistrate responsible for the procedural safeguards.

    Moreover, the victims' rights are consolidated in the process, and the role of the defense rights is protected, in order to balance the parties in the proceedings. All in all, a new legal framework that emphasizes the jurisdictional role to judge and to execute what has been tried. A staging, more in line with the constitutional principles and the perception of the Spanish social reality, of the XXI century.