Durante la última década se ha desarrollado en España un sistema de colaboración público-privada que ha servido de instrumento de apoyo al sector público para la provisión de infraestructuras y de servicios públicos. La crisis económica se está utilizando como excusa para cuestionar la sostenibilidad del modelo tradicional de Administración Pública como prestadora de servicios. Se está dando paso a un modelo en el que las empresas privadas están sustituyendo a las Administraciones en la provición de esos servicios, sin que se hayan habilitado los mecanismos de control ni las normativas de transparencia y buen gobierno que son necesarias para que el sistema funcione.
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