Un principio fundamental por el cual debe conducirse toda política universitaria, con independencia del signo político que tenga el Gobierno en el poder, es la promoción y la garantía de la calidad en las universidades. A este respecto, la Ley Orgánica de Universidades actualmente en vigor, en su Título V, se dota de tres mecanismos de actuación para conseguirlo: la evaluación, la acreditación y la certificación
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