Se acabaron las medias tintas. El rescate de las autopistas de peaje en ruina -que tiene algo de "ladrillazo" y mucho de rescate bancario-, pensado en un principio como un proceso a medias entre constructores, bancos y Estado, se ha convertido en una operación que encajará en su totalidad el erario público. Es decir, el bolsillo de los españoles, con un coste de unos 4.000 millones de euros, que sin embargo, no computarán como déficit. Una solución impuesta por Montoro que alivia a los bancos, que ya tenían provisionadas las pérdidas, pero no convence a las empresasconcesionarias que, a partir de la creación de la futura "Sareb de las autopistas", ya no tendrán ni voz ni voto en el rescate y, sobre todo, el posterior y largo proceso de privatización.
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