En 1842, la creación del departamento del Beni implicó la extensión de la ciudadanía a sus habitantes, en su gran mayoría indígenas. A través de la legislación sancionada a lo largo del sigo XIX, se analizan las estrategias, actividades e instituciones de esta población en relación al ejercicio de las garantías constitucionales en el ámbito sociopolítico �gobierno local� y en el socioeconómico �propiedad de la tierra.
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