Cuando el interesado se encuentra con el frecuente silencio de la Administración resulta esencial que pueda conocer cuándo termina el plazo para poder reaccionar frente a ese silencio en la vía administrativa y contencioso-administrativa. El Tribunal Constitucional ha dictado una reciente sentencia sobre ello que, sin embargo, no ha eliminado la inseguridad jurídica en esta materia.
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